Jairo Alonso Mesa Guerra
En Colombia, cada vez que no sabemos cómo resolver un problema estructural, creamos una nueva institución. Ahora le llegó el turno a la jurisdicción agraria. La pregunta es simple, pero incómoda: ¿vamos a resolver el problema de la tierra o estamos a punto de profundizarlo?
La promesa es atractiva: justicia especializada, cierre de conflictos históricos, acceso equitativo a la tierra. El discurso suena bien. Pero en materia de tierras, el problema nunca ha sido la falta de normas o de instituciones. El problema ha sido la falta de seguridad jurídica.
Y ahí es donde empieza la preocupación. La tierra en Colombia no es solo un activo productivo. Es, ante todo, un activo jurídico. Su valor depende de una sola cosa: la certeza. Certeza sobre la propiedad, sobre los límites, sobre las restricciones y, sobre todo, sobre la estabilidad de las decisiones del Estado. Cuando esa certeza se rompe, el activo pierde valor. Y cuando eso ocurre a escala nacional, lo que pierde valor es la economía rural.
La jurisdicción agraria llega en un momento en el que el país no ha cerrado sus disputas históricas sobre la tierra. Baldíos sin clarificar, procesos de restitución abiertos, interpretaciones cambiantes de la Ley 160 de 1994, informalidad estructural y un catastro que aún no conversa plenamente con el registro. Sobre ese terreno inestable, se pretende construir un nuevo sistema judicial.
El riesgo es evidente: que en nombre de la justicia se termine institucionalizando la incertidumbre. Porque no se trata solo de resolver conflictos, sino de cómo se resuelven. Si la jurisdicción agraria se convierte en un espacio donde se reabren discusiones cerradas, se reinterpretan decisiones de hace décadas o se debilita la protección a terceros de buena fe, el mensaje será devastador: en Colombia la propiedad no es estable.
Y ese mensaje tiene consecuencias económicas inmediatas. Sin seguridad jurídica no hay crédito rural. Sin crédito no hay inversión. Sin inversión no hay productividad. Y sin productividad, la reforma rural se queda en discurso.
Mientras tanto, el país sigue mostrando cifras de hectáreas formalizadas y tierras intervenidas. Pero el problema no es cuántas hectáreas se titulan, sino si esos títulos resisten el tiempo. Porque expedir títulos sin garantizar su estabilidad no es construir seguridad jurídica: es postergar el conflicto.
Más grave aún es el costo de la improvisación. Diseñar nuevas estructuras, expandir burocracias y ejecutar políticas sin resolver los problemas de fondo no solo es ineficiente: es un despilfarro de recursos públicos. Cada peso invertido en un sistema que no genera certeza real sobre la propiedad es un peso que no transforma el campo.
La jurisdicción agraria tiene un enorme potencial, pero también una línea roja que no puede cruzar: la ruptura de la confianza legítima. Un país que permite que las reglas cambien hacia atrás es un país donde nadie invierte hacia adelante.
Colombia no necesita más incertidumbre con nombre técnico. Necesita cerrar, de una vez por todas, la discusión sobre la tierra. Si la jurisdicción agraria se convierte en un instrumento para dar seguridad jurídica, bienvenida. Pero si se transforma en un escenario de activismo judicial, reinterpretaciones expansivas y decisiones impredecibles, será exactamente lo contrario de lo que el país necesita.
Porque al final, el desarrollo rural no depende de cuánta tierra se reparta, sino de qué tan segura es. La tierra no se valoriza por lo que produce, sino por la certeza que ofrece. En Colombia seguimos repartiendo tierra sin garantizar seguridad jurídica, y eso no es reforma: es incertidumbre con presupuesto. Sin reglas claras, no hay inversión. Y sin inversión, el campo no despega.
