Expertos en el tema minero aseguraron que a Colombia le vienen tiempos complicados en materia jurídica por la política irresponsable que se hizo durante el mandato del Presidente, Álvaro Uribe Vélez, quien entregó casi que a dedo unos títulos que no tenían futuro porque estaban en zonas vedadas para la actividad minera.

El presidente de la Asociación de Mineros del Norte de Boyacá, ASOMINB, Germán Suárez Bernal, le dijo a Diariolaeconomia.com que el asunto no es de poca monta toda vez que hay decisiones que resultan trascendentales porque tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado fallaron en contra de la titulación minera. La Corte, dijo Suárez, expidió la decisión 123 de 2014 sobre la autonomía de los entes territoriales en la titulación minera es decir la injerencia que tienen los concejos municipales y las alcaldías sobre el uso del subsuelo en esta potestad, asunto que tildó de improcedente inapropiado por el posible abuso de autoridad. La otra, explicó, es la C-035 de 2016 que tiene que ver con la ley de páramos.

Como si fuera poco los Altos Tribunales se pronunciaron frente al proceso de formalización de los mineros tradicionales que conllevó a la suspensión de la aplicación del decreto 933 de 2013.

En opinión de Suárez Bernal, las cuatro decisiones golpean duramente la titulación minera que se hizo en tiempos del Presidente Uribe porque esta se hizo de manera absurda desconociendo páramos, humedales, poblaciones, centros urbanos y desestimó otros frentes ambientales.

Según el ingeniero, la decisión de la Corte Constitucional tumba completamente esas titulaciones porque en la práctica no hicieron consultas previas o estudios de suelos o de impacto ambiental tal y como paso con Caño Cristales en el Meta que es una zona prohibida para la minería, pero que de manera increíble y hasta estúpida fue concesionada o titulada.

“El enemigo número uno de las zonas protegidas en Colombia fue el proceso de titulación minera que se hizo entre el año 2002 y el 2012 porque le dieron licencia ambiental a lo prohibido casi que de manera abusiva y desconociendo la ley y el derecho a la vida porque se autorizaron licencias para explotar minería en acuíferos y en nacimientos de agua, aquí todo les importó un pito y entregaron permisos de manera irresponsable y totalmente por fuera de la política minera. Lo que pasó fue algo así como permitir montar chiquitecas en una iglesia, es verdaderamente increíble todo lo que pasó en esos gobiernos”, declaró el ingeniero Suárez.

En ese tiempo el ejecutivo pasó por encima de campesinos, alcaldes, concejos e indígenas sobre la premisa que el estado es el dueño del subsuelo, concepto equivocado porque el estado no es más que un administrador. Para el presidente de ASOMINB quienes redactan las leyes mineras no pasan de ser unos yupis con apellido o palanca política que no conocen ni el país ni mucho menos la minería dándole vigencia a lo imposible. Así las cosas, las sentencias dejaron sin piso jurídico la titulación porque entre otras cosas se hizo sin tener en cuenta la vocación de las comunidades, pasando por alto las etnias dentro de los entes territoriales, pasó por alto el hecho de si hay zonas vedadas como bosques, semicuencas y cuencas, páramos, bocatomas para acueductos y otros aspectos que tuvo en cuenta la Corte Constitucional, motivo por el cual con la C-123 de 2014 tumbó dichas licencias porque una norma nacional no puede prohibir o restringir otras superiores que le entregan competencia a los entes territoriales. La Corte, aclaró el experto, dejó claro que cuando haya una solicitud minera, los alcaldes deben ser notificados para que este funcionario inspeccione lo que demande el proyecto de iniciativa privada pero recalcó que no es viable ni en lo menos posible titular páramos e inclusive el subsuelo por debajo de los asentamientos urbanos tal y como estaba sucediendo.

Estos fallos se llevaron por delante muchos títulos mineros que a la fecha ya estaban por afianzarse como títulos porque eran tan solo contratos de concesión.

“Este fue el resultado de los laudos de la Corte Constitucional y de complemento el Consejo de Estado adoptó medidas al ordenar la suspensión del decreto 933 que se derivó de la ley 1382 para minería tradicional, como quien dice, se cayó toda la titulación minera que ya tenía licenciamiento ambiental y de ñapa quedaron suspendidos todos los procesos de legalización por falta de consultas previas”, enfatizó.

Las cosas no le salen bien al gobierno porque para colmo de males la semana anterior se cayó la declaratoria de Zonas de Reserva para Desarrollo Económico por falta también de consultas previas como quien dice que la minería nacional está hoy totalmente en el limbo.

En este momento según aclara el Ingeniero Suárez Bernal, el país se quedó sin política de estado para la minería porque el caos le llegó a la minería titulada porque se creía que el conflicto recaía sobre la actividad ilegal o informal, pero resulta que hoy la que tiene mucho más problemas es de manera sorprendente la que tiene títulos mineros otorgados en su gran mayoría a multinacionales las cuales recibieron grandes extensiones de tierra.

Hay que indicar que esas transnacionales ya habían hecho unas inversiones bastante considerables en exploración e inclusive en planes de trabajo y obra lo cual hace prever que vendrán demandas por el detrimento causado en el patrimonio de las empresas. Para el presidente de ASOMINB todo eso sucede por la ausencia de una política minera clara y además porque el Presidente Uribe en medio de su arrogancia equiparó todos los niveles de minería, lo cual hace parte de una política absurda y hasta dolosa.

“Esto que aconteció no tiene explicación entre otras cosas porque el Presidente Uribe es lo suficientemente inteligente para que le ocurra una cosa de estas. Lo que pasó no fue por un proceder de gente bruta sino por el contrario por demasiado inteligentes o como se les conoce en el argot popular, por abejas”, indicó Suárez.

La situación es muy delicada porque las decisiones mandaron al piso 1.900 títulos mineros que quedaron totalmente anulados y que deberían ser causal de una investigación judicial porque se hicieron de manera irregular. Para el vocero de los mineros del Norte de Boyacá, el caso debe ir a la justicia puesto que el proceso no se hizo solo y tal y como están las cosas y como fueron concebidos dichos títulos hubo desacato y total desconocimiento de la ley, esos funcionarios, alega Suárez, se pasaron la ley por la galleta.

En síntesis, precisó, Suárez, la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 37 de la ley 685 de 2001 como quien dice que la titulación quedó sin amparo o sustento jurídico y las inversiones prácticamente se volvieron humo.

Sobre la caída de declaratoria de Zonas de Reserva para Desarrollo Económico en 23 departamentos, dijo el Presidente de ASOMINB, hay que aclarar que dentro de esas áreas había muchos mineros tradicionales trabajando de generación en generación y sus procesos de legalización fueron rechazados y si fueron mal rechazados como en el caso del artículo 933, pues no cabe duda que esos retrocesos son completamente nulos.

Cabe anotar que los 1.900 títulos otorgados en páramos o en zonas de reserva como por ejemplo la Sierra Nevada del Cocuy, en el páramo de Santurbán, el páramo de Tasco y en el páramo de Pisba entre otros se cayeron pese a que ya tenían licencia ambiental y todo un proceso adjudicado lo cual es responsabilidad de unos funcionarios poco idóneos y de una política minera que implementó el expresidente, Álvaro Uribe, pasando por alto el sentido común.

La situación minera es muy delicada porque solo en Boyacá hay más de 20.000 millones de pesos embolatados porque los mineros tradicionales de este departamento en sus solicitudes de presentar la legalización de sus títulos y de sus pequeños proyectos mineros hicieron dicha inversión. Hoy con la suspensión del 933, esa plata está en un limbo y tan solo se habla de 20.000 millones que gastaron los mineros en los procesos de preparación de documentación, pero hay dineros invertidos en abogados, en viajes y en otros rubros que suman y que a la fecha piden dolientes y responsables porque la gente necesita soluciones.

Desde 2012 hubo equivocaciones porque se adoptaron decretos que se derivaban de la norma 1382 que fue declarada inexequible, es decir que cualquier medida tomada bajo ese parámetro era espuria.

“A la gente le tienen que responder porque la gente no tiene por qué pagar el pato de una irresponsabilidad del Ministerio de Minas o de la Agencia Nacional de Minería. Aquí debe haber otro proceso de legalización que le brinde soluciones a la gente, pero es deshonesto dejar a esas personas sin plata y de encime criminalizadas”, apunto el señor Suárez Bernal.

El lucro cesante, explica ASOMINB, no es asunto mínimo porque se trata de mineros pequeños que tienen en sus fincas pequeños proyectos mineros y que debieron pagar adicionalmente comisiones de topografía, ingenieros de minas para que les hicieran las presentaciones de las solicitudes de legalización y otros gastos.

A criterio del versado en derecho minero, las acciones deben repetirse sobre los funcionarios que evidentemente armaron unas empresas criminales en las regionales de la Agencia Nacional de Minería antes Ingeominas.

Fallos coherentes

Para el ingeniero y abogado, Germán Suárez Bernal, los fallos de los Altos Tribunales no tienen reparo alguno y consideró que por el contrario los magistrados de esos cuerpos colegiados de justicia se demoraron en dar un pronunciamiento que es totalmente salido de la realidad social.

“La licencia social está por encima de la licencia ambiental y de los títulos mineros, aquí lo que prima es una sinergia entre la dinámica minera y el resto de las actividades de la vida humana porque hay derechos que son individuales y otros que son colectivos lo cual hace que por poderosos que sean quienes manejan la política minera no pueden desconocer los derechos fundamentales, colectivos de primera y segunda generación que deben ser respetados”, afirmó.

Agregó que si Colombia quiere seguir por la senda de insertarse en la comunidad internacional y propender por un país moderno, sin seguir siendo el paria de la región y que además de eso declara la paz, en esa línea también debe haber justicia y equidad, el país, asegura Suárez, no resiste más actos ilegítimos y criminales.

Suárez insistió en que en aras de sacar una política minera totalmente irregular, el entonces Presidente, Álvaro Uribe, pasó por encima de todo, de la Constitución y la ley, de las organizaciones sociales, de las comunidades indígenas así como campesinas y como si no fuera suficiente, precisó, se llevó por delante los derechos fundamentales individuales y colectivos con el fin de legitimar la titulación minera.

Dijo que la Corte Constitucional dejó claro que en Colombia no se trata de rechazar la minería sino de regular las actividades humanas para poder tener equidad y sinergia entre la política, la mecánica extractiva y la vida de las comunidades de toda índole.

“Aquí no se trata de excluir a nadie porque ningún cultivador de papa tiene más autoridad que un pequeño minero de arcillas o de arena para darle codo por la cabeza y sacarlo del territorio y condenarlo como criminal, hoy la realidad que vemos es que las vocaciones en Colombia son agromineras, no son alternativas sino simultáneas y la gente, básicamente en las tres cordilleras, hace sus actividades de manera simultánea, bien ejecutadas y con un tamaño en su minería que no afecta a nadie. Hay que ponerle mucha atención al volumen de capacidad extractiva, a las máquinas que se traen para extraer minerales y también hay que precisar qué se extrae, dónde se extrae, como se extrae, para que se extrae y quien extrae”, explicó.

A criterio de Suárez, es urgente que el Instituto Geológico Nacional tenga un inventario perfecto de cuáles son nuestras zonas o riquezas minerales, hasta dónde van y que potencial tienen. Sostuvo que los mapas geológicos tienen que ser el primer filtro para las solicitudes de minería porque no pueden darse más casos como el de Paz del Río con la multinacional Votarantim Metais a la que se le titularon 38.000 hectáreas para que haga explotación apenas en 500.

Todo lo malo y vergonzante pasa, anotó, porque el Ministerio de Minas ha contado en los últimos años con ministro de Piedra, sin conocimiento y sin dominio del tema. Germán Suárez dijo que el fracaso de la política minera es apenas consecuente con la realidad de una cartera por la que han desfilado seis ministros en los tres últimos años tal y como pasa en las secretarías de minas de los departamentos que duran tan solo seis meses luego es una realidad que enturbia cualquier buen propósito de la población minera y de los civiles.

“La minería debe tener una función social y es resolver el resto de los problemas de la comunidad para solventar soluciones de vivienda de interés social, programas viales y soluciones para la industria entre tantos aportes. Por eso no se puede aprobar una política extractivista que supere esas expectativas del país porque acabamos con troneras en las veredas colombianas en perjuicio de la producción de alimentos”, concluyó el presidente de ASOMINB.

Actualmente Colombia explota oro, esmeraldas, carbón, ferroníquel, arcilla, arenas, agua, calizas, platino, crudos pesados, hierro, acero, talco, yeso y coltán entre otros. La minería ha reportado crecimiento e inversión, inclusive está incursionando de manera más profesional la agro-minería por cuanto los campesinos y productores desarrollaron actividades agrícolas, pecuarias y mineras de manera paralela en Colombia durante décadas.

Lo expertos en el tema saben que los proyectos mineros bien hechos son rentables, que la actividad es promisoria, pero con procesos de inclusión y con un respeto máximo por la actividad tradicional, por los campesinos, las negritudes y básicamente por la propiedad privada. La minería, dicen, es una vocación atávica, que ha crecido con el país, pero que últimamente se ha querido meter a la brava en mafias y corruptelas que tan solo han logrado desacreditar un oficio loable y generador de riqueza, empero los modelos económicos cambian y lo que puede ser para muchos o quizás para todos, se vuelve el negocio de tres empresas con musculatura financiera que muy bien aprovechan la llegada de gobiernos endebles ambiciosos y lamentables que tan solo saben de saqueo, abuso y violencia.