Sábado, 09 Noviembre 2019 21:35

A barajar para volver a repartir

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Sólo en caso que el recaudo efectivo supere lo presupuestado, ya sea por mayor producción o mejores precios, el 70% de esa suma se ahorraría y el 30% iría a los departamentos y municipios productores y portuarios.

Uno de los méritos que tiene esta reforma de la reforma es que trata de simplificar y desconstitucionalizar el Sistema General de Regalías (SGR), limitándose a establecer a través de la reforma del artículo 361 de la Constitución sus líneas gruesas, difiriendo a la Ley que lo desarrolle su reglamentación. Como lo sostuvo la ex directora del DNP, “la instancia encargada de definir los proyectos de inversión y sus mecanismos de aprobación será determinada por medio de la Ley que lo desarrollará”. Ello le dará un mayor grado de flexibilidad al SGR del que tiene hoy. De hecho, en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, refiriéndose al SGR, dejó planteada la necesidad de la “optimización de la arquitectura institucional y de su operación”. El Gobierno Nacional quedará facultado para presentar dicho proyecto de ley dentro de los seis meses siguientes, contados a partir de la sanción del Acto legislativo.

De lo que se trata es de barajar para volver a repartir. Grosso modo, esta será la redistribución que se hará mediante este proyecto de Acto legislativo de los recursos provenientes del SGR, los cuales según el mismo “se destinarán a la financiación de proyectos de inversión que contribuyan al desarrollo social, económico, educativo y ambiental de las entidades territoriales”. Los departamentos y municipios productores y portuarios pasarán de recibir como asignación directa del 10% actual al 20% de los ingresos corrientes del SGR, adicionalmente los municipios productores recibirán 5 puntos porcentuales más. Indudablemente que con esta reforma se mejora ostensiblemente la participación de los departamentos y municipios productores y portuarios, pero resulta insuficiente frente al daño infligido con el Acto legislativo 05 de 2011.

Por esta razón, consideramos que se debería extender a departamentos y municipios productores y portuarios la norma que hoy sólo aplica para las Zonas más afectadas por el conflicto (ZOMAC), lo cual abriría la posibilidad de que las empresas que operan en sus territorios puedan ejecutar obras priorizadas por dichas entidades territoriales con cargo a los impuestos que deben pagar ellas a la Nación. De esta manera se puede mejorar aún más la compensación a los departamentos y municipios productores y portuarios, sin desmedro de la participación en el SGR de aquellas entidades territoriales que no lo son. Esta propuesta es tanto más válida y pertinente si tenemos en cuenta que, según las proyecciones que se tienen, se estima que para este año al tiempo que dichas empresas pagarán $9.3 billones, aproximadamente, por concepto de regalías, pagarán a la Nación $15 billones por impuestos de rentas.

Un 15% se asignarán a todos los municipios, productores y no productores, el cual podrá ser anticipado según las circunstancias, acordes con el índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) de su población. 34% de los ingresos corrientes del SGR se destinarán a la financiación de proyectos de inversión regional de las entidades territoriales, tomando en consideración el índice de NBI y los índices de desempleo.

Se mantiene el 7% que se asignó en el Acto legislativo 04 de 2017 para dar cumplimiento a la implementación del Acuerdo final suscrito con las FARC. Se reduce el presupuesto del SGR dedicado a su funcionamiento, operatividad y administración, así como a la fiscalización, conocimiento cartográfico, el monitoreo, la evaluación, seguimiento y control en 2 puntos porcentuales, quedando en el 3%. Se asigna también 1% para la conservación de los ecosistemas estratégicos, los parques nacionales, las fuentes hídricas y para la lucha contra la deforestación y 0.5% para la protección y saneamiento de la cuenca del Río grande de la Magdalena.

Sólo en caso que el recaudo efectivo supere lo presupuestado, ya sea por mayor producción o mejores precios, el 70% de esa suma se ahorraría y el 30% iría a los departamentos y municipios productores y portuarios “para mejorar los ingresos y diversificar la matriz productiva”. De hecho desde la expedición del Acto legislativo 04 de 2017 el ahorro pasó de ser un porcentaje fijo de los ingresos corrientes del SGR a ser algo residual. En ese mismo Acto legislativo, pese a la protesta de los gobernadores, se redujo la participación del Fondo de pensión territorial (FONPET) en el SGR del 10% al 7%, ahora dejará de recibir la inyección de recursos provenientes de las regalías.

Mención aparte merece lo relativo al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI). No obstante que se mantiene el 10% de los ingresos corrientes del SGR, al dejar sin efecto el parágrafo 5 del Acto legislativo 04 de 2017, que modificó el Acto legislativo 05 de 2011, el cual dispuso de “convocatorias públicas abiertas y competitivas” para la postulación y ejecución de los proyectos financiados con este fondo, se retrocede. Razón tiene el científico, ex rector de la Universidad Nacional y miembro de la Misión de sabios, Moisés Wasserman, cuando afirma que, al parecer “como en aquel juego de escaleras y rodaderos, estamos en peligro de caer en la casilla que nos devuelve al principio del tablero”.

Este asunto es delicado, toda vez que, según la evaluación del SGR efectuada por la Contraloría General de la República, ha sido el Fondo de más baja ejecución, al punto que después de tener congelado por largo tiempo recursos “excedentes”, se dispuso de $1.3 billones de ellos para destinarlo a la ejecución de proyectos de vías terciarias. Y esto ocurre en un país que, a duras penas, invierte 0.27% del PIB en CTeI, en contraste con los demás países de la OCDE, de la cual ya hace parte Colombia, que invierten en promedio el 2.4% del PIB. Máxime cuando el mayor obstáculo que enfrenta la economía para crecer más y mejor estriba en la falta de productividad y competitividad, las cuales dependen en gran medida de lo que el país invierta en CTeI.

Como lo dijo el profesor Wasserman, “esta decisión lo que muestra es la ausencia, no solo de una política de ciencia, sino de una preocupación por ella. Es claro que se considera algo que se puede dejar para después, cuando ya no tengamos urgencias, sin considerar, primero, que siempre hay urgencias y, segundo, que es precisamente la ciencia la que provee instrumentos para resolverlas”. Ojo, pues!

 

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