Las partes consiguieron disolver las protestas al acordar la creación de herramientas que permitan, a través de instrumentos de seguimiento y control, el cumplimiento de las normas de regulación de las relaciones entre todos los involucrados en el transporte por carretera, informó el Ministerio en un comunicado.

Los transportistas iniciaron su huelga por la desaparición de la tabla de fletes en todas las rutas del país, así como por el precio de los peajes y combustibles.

Asimismo, exigían que se detenga "el desmesurado aumento de hasta el 300 %" en los peajes existentes para financiar el desarrollo de las carreteras de cuarta generación (4G).

Igualmente, piden evitar el desplazamiento de los camioneros tradicionales en el transporte de hidrocarburos por parte de Ecopetrol y otras empresas productoras y comercializadoras de crudo que han aumentado el uso de oleoductos.

El viernes pasado, cuando las dos partes estaban a punto de llegar a un acuerdo, rompieron las negociaciones.

Según señaló la ministra de Transporte Natalia Abello, en esta ocasión han conseguido llegar a un acuerdo "por la vía del diálogo" y alcanzaron pactos que "se centran en beneficios tangibles".
Abello también señaló que "lo logrado fue fruto de las necesidades y requerimientos de los transportadores de carga, los cuales han sido atendidos por el Gobierno".

El Ejecutivo colombiano y los representantes de los transportistas acordaron, además, la conformación de una comisión permanente de seguimiento de los acuerdos que estará integrada por expertos en materia de logística, multimodalidad y prestación del servicio de transporte de carga, representantes del Gobierno y del gremio.

Además, lograron llegar a un acuerdo que permite la afiliación y autoliquidación al sistema general de riesgos laborales por parte de los transportadores, así como al acceso a líneas de créditos en el Fondo Nacional del Ahorro y al programa especial de vivienda.
El paro camionero llevó al Gobierno el pasado martes a tomar la decisión de militarizar algunas vías del país para garantizar la movilidad y el abastecimiento de alimentos en el país.

Además, 800 funcionarios públicos, entre ellos miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía colombiana, policías y fiscales, controlaron las carreteras del país para contrarrestar el accionar de los violentos durante la protesta social. EFE