En un hecho que ha generado indignación entre habitantes del municipio, la Alcaldía de Chía otorgó el pasado 28 de abril una polémica licencia de construcción para levantar una mansión de 1.500 metros cuadrados con piscina, casa de mayordomos y cancha de fútbol en una zona protegida de los cerros orientales. El predio está ubicado en Encenillos de Sindamanoy, área declarada como reserva forestal protectora en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y zona de especial importancia ecológica por la Ley 99 de 1993.

Según ha expresado el propietario a la comunidad, la construcción estaría destinada al futbolista Radamel Falcao García.

“La Alcaldía otorgó una licencia ambiental contra las normas del POT y dos sentencias judiciales, una del juzgado administrativo de Zipaquirá de 2015 y otra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de 2019, que anularon algunos apartes del POT de Chía y dejaron claro que no puede seguir desarrollándose vivienda individual para el propietario, o en condominio, dentro de los cerros tutelares de Chía” explican los vecinos de la comunidad.

La comunidad ya interpuso los recursos contra la licencia, pues es una zona ambientalmente sensible y hay riesgo de que esta construcción abra la puerta para urbanizar más de 700 viviendas en los cerros, un megaproyecto impulsado por la constructora Pedro Gómez & Cía. que fue frenado en 2015 por fallos judiciales.

La licencia para su construcción se tramitó por segunda vez, luego de que el constructor, desistiera del primer intento, por la oposición de la comunidad y las denuncias que se presentaron en el Concejo de Chía, en un debate público convocado por los concejales Pablo Andrés Castro y Andrés Vela, el pasado 19 de noviembre de 2024.

“Vuelven y radican la licencia en diciembre, y nos encontramos con la sorpresa de que, en tiempo récord, en una eficiencia que no tiene antecedentes en la autoridad urbanística de Chía, resulta licenciado” manifestó el concejal de Chía, Pablo Castro.

A su turno, Andrés Vela, concejal de Chía, indicó que para poder emitir este tipo de licencias se debe comunicar a todas las partes ejerciendo el principio básico de la publicidad, para que las personas que se vean afectadas o que consideren inconveniente la construcción de una nueva vivienda en ese lugar del cerro, ejerzan su derecho a la oposición, sin embargo, el trámite fue expedito.

Además, el dueño del predio habría talado ilegalmente más de 120 árboles y comenzó las obras sin licencia previa, denuncias que reposan ante la Inspección de Policía y la CAR, sin que hasta ahora se haya detenido el avance de la construcción.

Impacto ecológico: fauna y agua en riesgo

El cerramiento del predio con malla y postes de concreto ya está afectando la conectividad ecológica de especies como el zorro cangrejero, el tigrillo lanudo, el armadillo y el fara, todas en riesgo de extinción. Además, el proyecto interfiere con el cauce natural de quebradas intermitentes, lo que compromete la salud hídrica de la cuenca del río Bogotá.

“Esto puede ser otro caso como el de Bogotá, donde primero se destruye y luego vienen las sentencias. No queremos lamentar cuando ya sea tarde”, advirtió Javier Wilches, habitante del sector.

El alcalde donoso, en 2016, cuando ya se conocía el fallo de primera instancia del Juzgado de Zipaquirá que detenía el desarrollo de vivienda en los cerros, le otorgó a Pedro Gómez, licencias de construcción para culminar su proyecto de 1.054 casas, estas le sirvieron para entregar los 10 lotes donde pensaba construirlas, en dación en pago, a los bancos a los que les adeudaba más de 130 mil millones de pesos, entre ellos Bancolombia, Itaú, Banco de Bogotá, Colpatria, Davivienda, BBVA, y Banco de Occidente.

Hoy, esos mismos bancos estarían vendiendo predios a precio de remate, reactivando la amenaza de urbanización masiva en los cerros.

Llamado urgente a autoridades

La comunidad exige la intervención inmediata del Gobierno Nacional, Ministerio de Ambiente, Fiscalía, Defensoría del Pueblo y Tribunal Administrativo de Cundinamarca para frenar lo que califican como un "atropello ambiental sin precedentes", que pone en peligro uno de los pulmones verdes de la Sabana de Bogotá y atenta contra el ordenamiento legal del territorio.

“El otorgamiento de esta licencia no solo viola el POT, sino fallos judiciales vigentes y significa urbanizar una zona de reserva forestal y bosque protector”, concluyó Gloria Lucía Álvarez, abogada experta en derecho ambiental y exdirectora de la CAR.