Jueves, 30 Julio 2020 13:25

En medio de cuestionamientos aprueban plan de manejo de cuenca

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Con más de 217.000 hectáreas de 13 municipios, la Cuenca Alta del Río Lebrija es la más grande en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Santander.

Luego de un proceso marcado por los errores de procedimiento y la falta de participación, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) aprobó el Plan de Manejo y Ordenamiento de Cuenca (POMCA) de la cuenca del Río Alto Lebrija. Según expertos, la aprobación de este plan tendrá efectos directos sobre las actividades económicas de las que dependen, desde hace décadas, las familias de los 13 municipios afectados por la decisión.

Para las comunidades involucradas en el proceso, el proyecto del POMCA que aprobó la CDMB fue planteado de espaldas al territorio, desconociendo la voz de los grupos de interés en la zona. Campesinos, ganaderos, mineros y comerciantes, que hicieron observaciones a lo largo del proceso, hoy se oponen a la decisión tomada.

“Estamos en contra de la aprobación del POMCA, porque nunca fue tenida en cuenta la comunidad de la región, los consejeros de cuenca y las observaciones técnicas que durante estos años se le hicieron llegar a la CDMB”, dijo David González, exalcalde de Vetas.

Recientemente, la CDMB se comprometió a no aprobar el POMCA hasta llegar a un concepto claro que brinde tranquilidad y respaldo a un proceso amplio y suficiente que garantice todos los derechos fundamentales de la comunidad que viven en el territorio afectado por esta determinante ambiental. A juzgar por las reacciones de la comunidad, dicha concertación no llegó.

Participación vulnerada

El Consejo de Cuenca elegido para garantizar el derecho a la participación de las comunidades no tuvo una incidencia real y efectiva en el proceso. Como explicó su presidente Héctor Lizcano Pulido, “lejos de tener un espacio para representar los intereses de la comunidad, quedamos relegados a una figura pasiva con aportes ignorados”.

Para la comunidad, la decisión de la CDMB constituye un abuso de poder y una violación a los derechos fundamentales a la participación ciudadana y al debido proceso. Quienes viven en la cuenca serán afectados y tendrán que atenerse a las consecuencias de la aprobación del controvertido POMCA.

Los personeros de varios municipios también se pronunciaron sobre las falencias del proceso de la CDMB en materia de participación ciudadana, un tema delicado porque según ellos pasa por alto el reclamo y la concertación que debe hacerse al amparo de la Constitución.

Para la personera de Vetas, Angélica María García, la CDMB mostró la elección de los miembros de Consejo de Cuenca como el único requisito necesario para la participación de las comunidades.

“No se ha dado un proceso participativo real y efectivo porque la elección de un Consejo de Cuenca no garantiza la representación de toda la comunidad. Una participación real debe ir más allá de la conformación del Consejo, con miras a concertar también los determinantes técnicos o ambientales”, argumentó la personera García.

Las dudas e inquietudes de la comunidad llevaron a la instauración de una acción de tutela colectiva, en la que solicitaron el amparo del derecho a la participación. En esta tutela, los accionantes señalaron que la CDMB no los hizo partícipes activos del proceso en debida forma, por cuanto la Corporación no ha publicado en cada etapa la información de avance, ni ha permitido que las comunidades hagan aportes y observaciones, y se ha limitado a hacer unas reuniones de simple socialización, donde los únicos con capacidad de hablar del proceso son los señores consultores de la CDMB y el interventor de la consultoría.

Así mismo, las comunidades señalaron la falta de información clara para que todos los actores locales estuvieran en igualdad de condiciones de entender los datos entregados. Ante la falta de atención y de un interés real por parte de la CDMB, las autoridades y las comunidades de los municipios afectados por el POMCA lideraron distintas iniciativas para solicitar la corrección y actualización del POMCA antes de su aprobación.

Aunque se acordaron espacios de encuentro entre la población y la CDMB, la corporación no entregó a tiempo la documentación necesaria para los procesos de análisis y socialización con la población. De hecho, aún luego de su participación, no se dispone de información clara y transparente sobre todos los aspectos de la formulación del POMCA. Esto demuestra que, además de ser aprobado de espaldas a la comunidad, la CDMB aprobó un plan fundamentado en información fraccionada e incompleta.

Las preocupaciones de la comunidad

La Cuenca del Río Alto Lebrija ocupa un área de 217.334 hectáreas, e incluye a los municipios de Piedecuesta, Girón, Tona, Floridablanca, Bucaramanga, Suratá, Rionegro, El Playón, Matanza, Lebrija, Vetas, California y Charta. Allí están comprendidas, también, las cinco subcuencas de los ríos Lebrija Alto, Negro, de Oro, Salamaga y Suratá. El POMCA aprobado clasifica el 79% de ese territorio como zona de conservación y protección ambiental.

Esa denominación hace inviable el desarrollo de la agricultura, la ganadería y la industria que se desarrolla de manera legítima. La aprobación del POMCA tendrá un fuerte impacto para la vida de las poblaciones de la cuenca, al limitar las actividades económicas que se desarrollan en el área y de las que dependen miles de habitantes de los municipios afectados. El 21% del territorio restante corresponde a cascos urbanos y zonas llamadas de uso múltiple donde también se harían prohibiciones al uso agrícola, ganadero e industrial, para ser destinadas a restauración ambiental.

Para el director de la Fundación Guayacanal, Germán Camargo, el proceso de formulación del POMCA fue escandaloso, lleno de deficiencias técnicas, de incumplimientos y de irregularidades en el procedimiento por parte de todos los responsables. En su opinión, el POMCA fue formulado con información desactualizada y sin articular el plan de ordenación forestal, el mapa de coberturas y las determinantes ambientales que aprobó la propia CDMB en 2019.

La aprobación de este plan por parte de la CDMB sienta un precedente que preocupa a las comunidades, quienes temen que más entidades sigan el ejemplo de la corporación autónoma y pasen por encima de su derecho a la participación. Pese a todos los llamados al diálogo realizados, los habitantes de estos 13 municipios no fueron escuchados. Ellos son quienes han conservado la cuenca del río Alto Lebrija a lo largo de décadas, y ahora deberán explorar nuevas alternativas jurídicas para defender sus derechos, su permanencia en el territorio y su seguridad alimentaria.

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