Con la llegada de esta nueva norma se buscan establecer los derechos y deberes para los menores de edad, quienes usualmente son los más afectados en cuestiones legales de familia.

En 2020, se produjo un excedente de $643 mil millones de pesos, por concepto de Presupuestos Máximos. Se desconoce el destino que las EPS le dieron a esos.

La inacción y/o la terminación anticipada de los compromisos adquiridos, está ocasionando incrementos en los riesgos a mitigar y en los daños al erario ya producidos.

La Corporación Caribabare dejó claro que los habitantes de Hato Corozal no tendrán ningún inconveniente puesto que se les entregará un título y seguirán siendo propietarios. Vienen buenos tiempos.

El Tribunal Superior de Bogotá podría darle vía libre al regreso del aguardiente Real de Antioquia al mercado.

Los historiadores consideran que esta propiedad con más de 240.000 hectáreas puede ser fácilmente la hacienda más grande de la América Española. Hoy solicitan derechos sobre esas tierras.

Esta firma especializada en asuntos legales se afianza como un emporio de soluciones y conocimiento al servicio de quienes acusan líos con predios y créditos bancarios.

El impuesto al plástico tiene consecuencias importantes en el bolsillo de los colombianos que, a raíz de este, han visto un aumento en los precios de productos envasados, empacados o embalados en plástico.

Los derechos hereditarios que se ceden pueden estar relacionados con bienes específicos y esto está permitido por el Código Civil en sus artículos 1967 y 1168.

Billonarias sumas reciben en peajes los concesionarios por vías que repara el estado.

La cooperación internacional en asuntos de arbitraje, respaldada por tratados y acuerdos, fortalece la posición de Colombia como sede confiable para la resolución de disputas comerciales en Latinoamérica.

Las medidas tomadas por la Superintendencia de Sociedades también incluyen a Zelsa S.A.S.

En Colombia se hace necesario adelantar jornadas educativas para que las comunidades en el territorio comprendan las bondades del diálogo frente al progreso.

Si bien en Colombia no hay una regulación de los criptoactivos, es posible invertir con ellos en las empresas conformadas por sociedades comerciales.

Las sanciones estarán dirigidas al área administrativa cuando no presenta certificaciones actualizadas de los trabajadores y los equipos a utilizar.

La Ley 2181 obliga a las empresas que desarrollan procesos de consultoría, asesoría e investigación en seguridad tener la autorización vigente de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Consultamos a la abogada especialista en riesgos corporativos María Andrea Camacho Solana, quien nos explicó la importancia de este rol.

Este valor equivale al 90% del daño patrimonial que determinó la CGR ($4,3 billones) al declarar responsables fiscales solidarios a 26 personas naturales y jurídicas.

La automatización de la justicia aumenta la productividad en un 50 %, como se calcula de acuerdo con el caso de Sao Paulo (Brasil) tras el reemplazo del papel por el sistema digital en el año 2015.

El Consejo de Estado definió una serie de reglas que ponen en cintura a las entidades públicas que contratan de manera continuada a sus trabajadores bajo la modalidad de prestación de servicio.

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