Uno de los sectores afectados por el desdén del ejecutivo es el arrocero que sigue dando noticias más allá de lo sucedido en los últimos meses cuando fue interrumpido el incentivo al almacenamiento.

El inventario de arroz en la industria disponible al cierre de junio es de los más bajos de la historia, por lo cual una reducción de precios no consulta con la realidad del abastecimiento nacional.

La situación de inseguridad como consecuencia de diversos hechos delictivos es crítica y merece una atención del gobierno a fin de no desincentivar esta actividad agrícola con miras a las siembras del 2024.

El cambio climático es sin duda un enorme reto, vendrá todo tipo de plagas y enfermedades, pero hay blindaje y todo el compromiso de los encargados de mejoramiento genético.

El convenio en marcha contempla transferencia de tecnología y mejoras genéticas.

Presencia activa y control territorial de la fuerza pública en las zonas rurales serán fundamentales para devolverle la tranquilidad y confianza a quienes se ven afectados por extorsión y secuestro.

Los productores arroceros no somos multimillonarios, somos unos trabajadores del campo que, con abnegación y sacrificio, hemos venido adquiriendo un patrimonio, la mayor parte de este comprometido con los bancos.

La situación campesina es bien compleja, el ejecutivo centra su acción en tierras que ya generan inconvenientes, apartándose de la productividad, un ejercicio necesario para alimentar la población.

El sector arrocero en línea con el Gobierno siempre se ha identificado con la filosofía del ejecutivo actual de ser potencia agroalimentaria, que ha sido precisamente el principio orientador de una cadena productiva.

Los productores del cereal insistieron que se hace urgente el mecanismo de incentivo al almacenamiento y afirman que es necesario sacar arroz de reserva para evitar sobreoferta y daño económico.